Asociaciones publico privadas II

SALUD: FUERZA LABORAL Y APP

La suspensión de la huelga médica en el MINSA y los acuerdos con otras ramas de la fuerza laboral en salud, comprometen a la gestión de la Ministra Midori de Habich con uno de los temas clave del sector. Será complicado utilizar el acceso a servicios de salud de calidad como herramienta de la extensión de derechos, si no se logra un pacto expreso con todas las profesiones de la salud, entre las que la médica es algo así como el referente. El país espera que tanto la dirigencia gremial cuanto las autoridades del sector, logren afirmar una ruta compartida para la mejora de las condiciones laborales sanitarias; extendiendo éstas a ESSALUD y a los otros sub sistemas en los que la precariedad y hasta el destajo son regla.

Ese pacto pasa además por contar con los recursos financieros para establecer la progresividad de las mejoras salariales ligadas a compromisos de mejora en la atención. Y eso sólo será posible si la voluntad política del mismo Presidente de la República entra a tallar para disponer que el MEF priorice la política remunerativa más allá del discurso de la sola productividad y los resultados; en todo caso ambos aspectos deben ser delimitados no por el jirón Junín, sino por la cuadra 8 de Salaverry en conjunto con las organizaciones de los trabajadores. Ese compromiso político debe ser expuesto al Presidente cuanto antes, para evitar avanzar en el diseño de una reforma que una vez planteada termine chocando contra la frente de Castilla.

En relación a otro gran tema financiero, la protección social, es muy relevante que el Seguro Integral de Salud pase de 550 millones de soles el 2012 a 950 millones (PIA 2013), lo que significa que duplicará su financiamiento en un año. La inclusión de la atención de ciertas enfermedades de alto costo como algunos cánceres y las hemodiálisis, es síntoma de que el Estado reconoce su responsabilidad y entiende que en salud es necesario fortalecer lo público, para superar la lógica actual del sistema con un seguro para pobres, otro para trabajadores y los demás (y los que no acceden a los anteriores a pesar de estar afiliados) que se las arreglen en el mercado. Pero el retraso en salud es tan grande que necesitamos acelerar con el timón bien orientado: responsabilidad estatal por la salud de todos; lo privado como complementario, no alternativo.

Las huelgas además han puesto en debate un tema que es necesario dilucidar: la contratación con privados (servicios e infraestructura) para cumplir con la responsabilidad pública, que en cierta medida se ha ensayado en ESSALUD con resultados no del todo claros. En plena huelga el MINSA culminó el convenio con el Sistema de la Solidaridad, que recibió alrededor de 2000 afiliados al SIS por día, y emitió una norma para comprar servicios a entidades privadas que no se llegó a implementar. Los médicos objetaron este trasvase de atenciones aduciendo que se trataba de normalizar la privatización. Pero en principio la compra de servicios a los privados no es ni buena ni mala, depende de la convicción que el sector público ponga en la negociación; Brasil cuenta con un sistema público de carácter universal, en el que alrededor del 65% de los servicios los brinda el sector privado contratado por el Estado.

En el país los antecedentes en asociaciones público privadas no son positivos. En ESSALUD la gestión Barrios dejó firmados una serie de contratos de APP hechos de forma apresurada, sin adecuadas estimaciones de costos y otras perlas; tanto así que a pesar de que no se pudieron revertir, en al menos un caso el consorcio privado aceptó implementar otros servicios e infraestructura que no estaban en el proyecto original y que le significarán varios millones de dólares menos de utilidad.

La OMS publicó un artículo sobre las APP en España (http://www.who.int/bulletin/volumes/87/12/09-031209/es/index.html) en el que refiere las condiciones de su relativo éxito en pro de los usuarios de la seguridad social, y señala que el margen de utilidad para el privado en la APP es de 7.5%, con obligación de reinvertir si hubiera mayores ganancias. En el caso de las APP de los Hospitales de Villa María y el Callao de ESSALUD, los cálculos arrojaban porcentajes muchísimo mayores, que serán descontados de los alrededor de 150 millones de soles anuales que se deberán pagar al privado. El otro caso visibilizado a raíz de la huelga es el de los Hospitales de la Solidaridad, que son una forma de APP, en la que por cada 100 soles que ingresan el privado se queda con alrededor de 65, siendo ese margen tremendo y apetecible, por lo que se espera que varíe en beneficio del ciudadano.

El momento es clave. Como pocas veces las cosas parecen estar claras para las autoridades del MINSA, se viene una restructuración de ESSAULUD (que luego deberá ir hacia la extensión de la seguridad social y su financiamiento) y la gestión de la Municipalidad de Lima busca ir más allá del SISOL para crear la autoridad sanitaria tan necesaria en una mega urbe. En ese escenario la voz de los usuarios de los servicios de salud debe y tiene que ser incorporada en el debate y en las decisiones; las formas se encontrarán si existe la voluntad de las autoridades de atender y reconocer a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en general, sea en las instancias establecidas o en otras innovadoras.

Más sobre el tema:

APP en salud: superando dicotomías

http://civilizacionperu.blogspot.com/2010/01/app-en-salud-superando-dicotomias.html

Alexandro Saco – 22 octubre 2012